La Ley 20.920 de fomento al reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor (REP), establece, entre otros aspectos, los lineamientos que deberán comenzar a aplicarse para una adecuada implementación y puesta en marcha de los sistemas de gestión (SIG) de residuos. Así, cada empresa que genere residuos peligrosos y no peligrosos deberá hacerse cargo de su huella medioambiental, gestionando y valorizando los mismos de forma sustentable.
Según su tamaño y capacidad, algunas podrán cumplir con las metas establecidas de forma independiente. Sin embargo, otras muchas deberán recurrir a la tercerización de este servicio, asegurando así una labor con toda la experiencia y profesionalismo requerido en el rubro y, además, reducirán los costos asociados a esta gestión.
Como dato interesante podemos detallar que “hoy Chile genera aproximadamente 23 millones de toneladas de residuos al año. 13 millones corresponden a industriales no peligrosos, otros ocho millones son domiciliarios y 620 mil toneladas son industriales peligrosos”, explica Juan Andrés Salamanca, Gerente Regional de Desarrollo de Hidronor.
En cuanto a la gestión de residuos, el ejecutivo destaca el avance en la trazabilidad y disposición final adecuada y segura de los residuos con la que hoy contamos en Chile, y advierte que el desafío sigue siendo “minimizar su generación y aumentar la valorización”. Al respecto detalla que en el caso de los residuos peligrosos la tasa de recuperación y reaprovechamiento fluctúa entre el 5% y el 8%.
Frente a esta necesidad, Hidronor representa una excelente alternativa en el mercado, ya que cuenta con más de 25 años de experiencia y cobertura nacional en la implementación de soluciones integrales que aportan a la revalorización, recuperación, reciclaje, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos.
Como aporte a la Ley REP. la compañía mezcla los aceites lubricantes usados con otros residuos con poder calorífico para producir combustible alternativo, el que luego se comercializa con empresas cementeras que lo usan en sus hornos. En el caso de las baterías, la empresa gestiona cerca de mil toneladas anuales que se trasladan a la única planta de valorización que existe en Chile, ubicada en Calama, donde se desarman y se aprovechan para fabricar ánodos para la gran minería.
De igual modo, Hidronor brinda el servicio de valorización de aparatos eléctricos y electrónicos, recuperando metales preciosos con los que cuentan estos equipos, como oro y plata, que luego son exportados, y otros más comunes como el hierro usado en la industria siderúrgica. Además, en sus plantas pueden recibir materia prima proveniente del desarme de pilas. “Aquí hay un potencial de negocio de valorización bastante importante y la ley REP puede ayudar a esta valorización”, asegura Juan Andrés.
En cuanto a la generación de envases y embalajes (uno de los dos productos prioritarios en la Ley Rep, además de los neumáticos), el ejecutivo destaca que “a nivel país se consumen casi un millón de toneladas al año, se recicla apenas de un 8% y se generan más de 15 mil toneladas de residuos peligrosos que tienen un potencial de valorización o reprocesamiento. En este sentido, en Hidronor estamos valorizando cerca de mil toneladas al año de HDPE, PVC, LDPE y otros plásticos que se someten a procesos de limpieza y descontaminación. Luego, una parte de éstos se trituran para ser comercializados en el mercado nacional o extranjero, y otra parte se devuelve a las empresas para su reutilización”.
En relación a los sistemas de gestión, además, planteó algunas dudas respecto de los roles de los distintos actores y el lugar que ocuparán las empresas que transportan, tratan o valorizan residuos. Desde el Ministerio del Medio Ambiente, Guillermo González recordó que los SIG son solo entes administradores que contratarán dichos servicios a las compañías que los prestan, a las cuales la Ley denomina gestores.
Con todo lo antes detallado, queda clara la oferta de servicios que Hidronor brinda a las compañías para que estas puedan poner en marcha sus acciones a fin de cumplir con las metas de valorización exigidas por las normativas de nuestro país, como la Ley Rep.
