El denominado “royalty” minero, un impuesto a la gran minería con el que el Gobierno chileno pretende recaudar anualmente el 0,45% del PIB (cerca de 1.350 millones de dólares), entró en vigor en el país, el primer productor de cobre del mundo y el segundo mayor de litio.

Por amplia mayoría, el Parlamento chileno aprobó en mayo pasado una ley de regalías que llevaba más de cuatro años discutiéndose y que establece además que un tercio de lo recaudado (cerca de 450 millones de dólares), se destinará a gobiernos regionales y municipalidades.

“Fuimos capaces de generar acuerdos y soluciones innovadoras que dejaron satisfechos a todos los sectores involucrados”, destacó en un comunicado el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien rechazó que el nuevo impuesto haya desincentivado la inversión, tal como denunciaron varios sectores.

A grandes rasgos, el impuesto contempla un componente “ad valorem” y uno sujeto al margen operativo de entre 8% y 26% para aquellas compañías que produzcan más de 50.0000 toneladas, lo que se considera gran minería. El “royalty” fija además una tasa impositiva máxima efectiva (el techo que pagarán las grandes mineras en tributos) del 46,5% de la ganancia operativa.

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