Ya han pasado cinco años desde el comienzo de su implementación, y hoy la Ley REP. sigue sumando desafíos y requerimientos para que las empresas construyan sistemas integrados de gestión de residuos (SIG) que cumplan con la normativa vigente.
En este sentido, y con el objetivo de trabajar de manera conjunta, permitiendo a los productores incorporarse a SIG colectivos para facilitar los procesos, en Hidronor analizamos parte del actual escenario de la Ley REP. y otras obligaciones que existen en materia medioambiental en nuestro país.
Neumáticos, envases y embalajes: El decreto legislativo (Ley Rep.) obliga a las empresas a recolectar y reciclar al menos el 90% de los neumáticos, exigiendo a los productores que se hagan cargo de ellos una vez que termine su vida útil.
En el caso de envases y embalajes, esta ley acordó instalar 354 puntos limpios en cuatro años para cumplir con obligaciones de reciclaje y así facilitar los procesos a los usuarios, esperando que, para septiembre de 2023, se inicie a gran escala la recolección de materiales reciclados de consumo masivo en el país.
Pilas, aparatos eléctricos y electrónicos: A mediados del 2021 se determinó que estos residuos serán contemplados en un mismo decreto, estableciendo seis categorías de aparatos eléctricos y electrónicos a regular. En detalle, el anteproyecto regula, por una parte, pilas grandes (mayores a 5 kilos) y pequeñas. Además, regula todos los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) que funcionan con corriente, divididos en grandes y pequeños inferiores a 50 cm. (como un pendrive). Por su parte, los de mayor tamaño se dividen a su vez en aparatos de intercambio de temperatura (como aires acondicionados y frigoríficos), paneles fotovoltaicos, y un 3er grupo como TVs, computadores, refrigeradores, entre otros.
Aceites lubricantes: La Ley Rep. también busca hacerse cargo de las casi 123 mil toneladas de aceites lubricantes que circulan cada año en el mercado nacional, de las cuales solo 60 mil son actualmente tratadas (el resto va a destino desconocido). Dada esta alarmante cifra, la normativa establece que al primer año de vigencia las empresas productoras deberán recuperar y valorizar el 50% de los aceites puestos en el mercado, y gradualmente esta meta alcanzará un 90% de valorización de estos residuos, en un plazo de diez años.
Normativa de PCBs en Chile: Con respecto a este residuo tan peligroso, las empresas tienen hasta el 2025 como plazo máximo para el desuso y hasta el 2028 para la eliminación de equipos que contengan PCBs (Bifenilos Policlorados) o Askareles. Esta normativa internacional (definida en el Convenio de Estocolmo) busca controlar estas sustancias refrigerantes que están prohibidas desde 1982 a nivel mundial. Para eliminar estos residuos en Chile, es necesario exportarlos para su correcta y segura incineración con empresas que presten este servicio, como es el caso de Hidronor.
Correcto proceder
Puntualizado todo lo anterior, quedan claras las responsabilidades para las empresas, pero ¿cómo lo harán aquellas que no cuenten con sistemas propios para hacerse cargo de sus residuos o eliminar correctamente los residuos peligrosos?
La respuesta es simple: En Hidronor nos hemos convertido en partners estratégicos de las empresas que requieren canalizar la correcta gestión de sus residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente, en forma segura y contribuyendo al medio ambiente.
Aporte en la Economía Circular
Nuestra empresa cuenta con más de 25 años de trayectoria y cobertura a lo largo de todo el territorio nacional, lo que nos ha permitido desarrollar la expertise necesaria para ser un facilitador en la cadena de valor de la economía circular de Chile.
Para la correcta gestión de los seis productos prioritarios establecidos por la Ley REP, aportamos con valorización de aceites lubricantes o productos con poder calorífico que estén contaminados para convertirlos en combustibles alternativos y las baterías de auto que contienen ácido y plomo para producir cátodos para la minería; también consolidamos a nivel nacional distintos aparatos eléctricos y electrónicos en desuso para que empresas recicladoras realicen el proceso de desarme con el fin de extraer los metales preciosos como el aluminio; tratamiento, revalorización y reciclaje de envases y embalajes contaminados, entre otros asociados a la valorización de pilas y neumáticos.